Sánchez exige al PP que deje de "boicotear" y aplique la ley de vivienda en sus autonomías

El acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los ciudadanos, una corriente de malestar que tratan de capitalizar con recetas a derecha e izquierda y que desde la Moncloa se han propuesto atajar levantando la ley de vivienda. De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acusado este jueves al PP de estar "boicoteando" la norma y haya exigido que la aplique "de una vez por todas" en todas las comunidades en las que gobierna.

El escenario y la compañía para lanzar el mensaje no es baladí: una promoción de pisos de protección en construcción en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al president de la Generalitat, Salvador Illa, desde donde ha defendido que Catalunya es "el mejor ejemplo" de que allí donde se aplica la ley se produce una "contención" de los precios.

El Govern del PSC hace gala, precisamente, de estar abanderando un modelo de "prosperidad compartida", también en materia de vivienda, que presenta como la antítesis del que se aplica en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Y ha sido también el primer gobierno autonómico en tener en vigor un régimen sancionador para quien incumpla el tope de precios fijados por la legislación.

Para Sánchez, Catalunya es el espejo en el que deben reflejarse el resto de territorios en esta materia. El presidente ha recitado junto a Illa las bondades de una ley que, ha reivindicado, nació para hacer frente a un "mercado neoliberal" con herramientas que asegura que están dando resultados donde se hace uso de ellas. Lo ha equiparado, de hecho, a la 'solución ibérica' que se adoptó cuando el precio de la energía se disparó al inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania y tuvo un fuerte impacto en el bolsillo de los ciudadanos. "Hay que arrimar el hombro por encima de las siglas", ha dicho, dirigiéndose a los populares en un contexto en el que defiende que hay que hacer frente a los "fondos buitre y a la especulación".

Sofocar la polémica con Sumar

El Gobierno trata de sofocar la polémica abierta con Sumar por la tributación del salario mínimo poniendo el foco en la carpeta de vivienda, otra en la que a menudo saltan chispas con sus socios, que señalan a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como un freno a los avances. No obstante, Sánchez reivindica que se están dando "pasos en la dirección correcta", teniendo en cuenta que se trata de un problema que "golpea fuerte" a la sociedad española y, muy especialmente, a los jóvenes. "Hacen falta más viviendas, más dignas, más accesibles y más sostenibles", ha resumido junto a la promesa de poner encima de la mesa "todos los recursos y potencias del Estado" para revertir la emergencia habitacional.

El presidente ha recordado que, desde que asumió el cargo en 2018, se han "multiplicado por ocho" los recursos destinados a vivienda e impulsado iniciativas como el plan para ampliar el parque público, el bono para ayudar al pago del alquiler a los jóvenes -con 66.000 beneficiarios-, la puesta en marcha de una empresa estatal de vivienda y el sistema de avales públicos para "dar certidumbre" a propietarios y a inquilinos; además de un PERTE para impulsar la construcción industrializada y priorizar el uso residencial de los pisos en las zonas tensionadas por el turismo.

Arropando el anuncio de Illa

Illa ha aprovechado la presencia de Sánchez para a anunciar que el Govern de la Generalitat aprieta el acelerador para la construcción de 50.000 pisos sociales de alquiler asequible en un plazo de seis años. Se trata de una de las promesas estrella de los socialistas catalanes, que sacan pecho de estar liderando el "plan más ambicioso" que haya impulsado en materia de vivienda una comunidad autónoma. El próximo martes el Consell Executiu aprobará la primera convocatoria de la reserva pública de solares para construir vivienda de protección social. Una medida que irá acompañada de la modificación de una batería de artículos de la ley de urbanismo para agilizar trámites y poder edificar más rápido. 

Sánchez se ha recreado en alabar lo que ha definido como un "plan inteligente" porque se basa en dos pilares: el de promover la colaboración público-privada y el de facilitar la financiación necesaria para hacer "atractiva" la construcción de vivienda social.